José Baig. Mundo USA / 29.05.2008
Un juez federal de Texas declaró inconstitucional una ordenanza de la ciudad de Farmers Branch, en las afueras de Dallas, que obligaba a los propietarios de apartamentos en alquiler a verificar el estatus migratorio de sus inquilinos.
"Estamos muy orgullosos por esto y muy contentos por el éxito que hemos obtenido para nuestros clientes", le dijo a BBC Mundo Marisol Pérez, del Fondo Mexicano de Asistencia Legal (Maldef en inglés), la organización que representó a los inmigrantes ante la corte.
La norma, aprobada en noviembre de 2006, prohibía alquilar viviendas a personas que no estuvieran viviendo legalmente en el país y establecía multas de US$500 al día para los infractores.
Sin embargo, nunca llegó a ponerse en efecto porque varios grupos defensores de los derechos de los inmigrantes forzaron al municipio a convocar un referéndum sobre la ordenanza.
La norma recibió el respaldo del 68% de los votantes, pero menos de un mes más tarde, el juez federal Sam Lindsay suspendió la ordenanza temporalmente mientras decidía sobre su constitucionalidad.
Ese fallo se produjo finalmente esta semana, cuando Lindsay ratificó su decisión del año pasado y dictaminó que la prohibición de alquilar vivienda a personas sin papeles es inconstitucional.
Un juez federal de Texas declaró inconstitucional una ordenanza de la ciudad de Farmers Branch, en las afueras de Dallas, que obligaba a los propietarios de apartamentos en alquiler a verificar el estatus migratorio de sus inquilinos.
"Estamos muy orgullosos por esto y muy contentos por el éxito que hemos obtenido para nuestros clientes", le dijo a BBC Mundo Marisol Pérez, del Fondo Mexicano de Asistencia Legal (Maldef en inglés), la organización que representó a los inmigrantes ante la corte.
La norma, aprobada en noviembre de 2006, prohibía alquilar viviendas a personas que no estuvieran viviendo legalmente en el país y establecía multas de US$500 al día para los infractores.
Sin embargo, nunca llegó a ponerse en efecto porque varios grupos defensores de los derechos de los inmigrantes forzaron al municipio a convocar un referéndum sobre la ordenanza.
La norma recibió el respaldo del 68% de los votantes, pero menos de un mes más tarde, el juez federal Sam Lindsay suspendió la ordenanza temporalmente mientras decidía sobre su constitucionalidad.
Ese fallo se produjo finalmente esta semana, cuando Lindsay ratificó su decisión del año pasado y dictaminó que la prohibición de alquilar vivienda a personas sin papeles es inconstitucional.
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